LA FASE AIMARA

LA FASE AIMARA DE LA REBELION

En el Alto Perú la situación de opresión se asemejaba a la del sur andino. También allí durante el siglo XVIII se habían llevado a cabo levantamientos y conspiraciones que finalmente estallaron gracias al ingreso de las huestes tupamaristas en la zona altiplánica. Liderados por Diego Cristóbal Túpac Amaru y Mariano Túpac Amaru, los rebeldes tomaron diversos pueblos llegando a la ciudad de Puno el 23 de mayo. Desde allí se organizó una nueva fase de la rebelión liderada por Julián Apaza, quien fue miembro de la rebelión desde sus inicios, y quien tomó el nombre de Túpac Catari.
El mesianismo de Túpac Catari y su discurso milenarista fue mucho más sincrético que el de Túpac Amaru, al asegurar que su mensaje era transmitido por Dios y declararse Virrey de los territorios liberados, en un intento infructuoso de separarse de la rebelión del sur andino.
Los rebeldes asediaron la ciudad de La Paz desde el 13 de marzo de 1781 durante 109 días sin éxito, debido a la resistencia y al apoyo de tropas mandadas desde Buenos Aires. En ese contexto el virrey Agustín de Jáuregui aprovechó la baja moral de los rebeldes para ofrecer amnistía a los que se rindieran, lo cual dio muchos frutos, incluyendo algunos líderes del movimiento. Túpac Catari, que no había aceptado la amnistía y se dirigió a Achacachi para reorganizar sus fuerzas dispersas, fue apresado la noche del 9 de noviembre de 1781. Fue descuartizado seis días después.
La pacificación del altiplano a cargo del mariscal Del Valle demoró hasta julio de 1782, y el ensañamiento de las autoridades españolas con los rebeldes no conoció límite, al capturar y ejecutar a los líderes que se habían acogido a la amnistía ofrecida por el virrey Jáuregui.

CONSECUENCIAS Y BALANCE DE DE REBELION DE TUPAC AMARU

El saldo de la gran rebelión fue el más impactante de la historia colonial de levantamientos, más de cien mil muertos de una población de 1.2 millones de personas, lo cual provocó de inmediato un colapso demográfico en el sur andino. Hay que dejar en claro que gran parte de las bajas no se produjeron durante las batallas, sino en la rebelión española posterior que duró varios años.
Las medidas de la Corona para evitar que una rebelión de la envergadura de la de Túpac Amaru se repitiera fueron inmediatas. El ministro de Indias, José de Gálvez, organizó una gran represión en contra de cualquier aliado de la rebelión, además de los parientes de los dirigentes, inclusive se aplicó el quintado que consistió en ejecutar a cada quinto hombre en las aldeas donde se apoyó a Túpac Amaru II. Las penas contra los criollos fueron más leves, en un afán por reconciliar a la corona con dicho grupo que ya estaba enemistado desde las reformas borbónicas.
Una serie de medidas fueron implementadas para erradicar lo que se había percibido como un nacionalismo inca. En 1787 se abolió el cargo hereditario de curaca y se prohibió el uso de la vestimenta real incaica, la exhibición de toda pintura o iconografía de los Incas, el uso de símbolos precoloniales e inclusive la lectura de las obras de Gracilazo de la Vega.
Otras medidas fueron destinadas en mejorar la administración colonial y apaciguar los ánimos de las poblaciones del sur andino. En 1787 también se estableció una audiencia en el Cuzco que sería mucho más receptiva a las demandas locales. Luego, en 1784 se abolió el reparto de mercaderías y los corregimientos fueron reorganizados en intendencias, quedando así el cargo de corregidor eliminado. Asimismo, la Corona desplegó tropas regulares en diversas provincias andinas, asumiendo un papel de control social interno.
A largo plazo, estas acciones perjudicaron principalmente a la elite indígena, al ser despojada de sus fueron y privilegios. El sector que lograba comunicarse de mejor manera con los mestizos y criollos y defender los intereses de los indígenas fue desapareciendo paulatinamente no sin ofrecer resistencia en interminables litigios que no pudieron detener la debacle de los curacas. Así, con el pasar de los años todos los pobladores andinos pasaron a ser indios sin distinción, aumentando el sentimiento de desprecio y humillaciones a medida que sus derechos eran socavados cada vez más, mientras los criollos percibieron el peligro que significaba movilizar a contingentes indígenas para realizar sus propios pedidos y reclamos. La incapacidad de los líderes multiétnicos del movimiento para establecer una alianza criollo-india y las mismas divisiones dentro de la población indígena fueron el germen del fracaso rebelde.
El importante papel de intermediarios coloniales que ejercían los curacas, truncado a fines del siglo XVIII y el sentimiento de amenaza de los criollos y españoles ante las masas indias tuvo consecuencias hasta después de la independencia del Perú, y ayudó a configurar de manera negativa la concepción que la nueva república peruana tendría de los indios, dejándolos fuera constantemente de sus planes políticos.
Si bien la imagen de Túpac Amaru II fue revitalizada desde el indigenismo en los años veinte y luego con fines políticos en la década de 1970, últimos estudios que combinan diversas metodologías y disciplinas académicas han dado nuevas luces no sólo sobre el levantamiento de José Gabriel Condorcanqui, sino sobre todos los movimientos sociales del siglo XVIII. Actualmente, y luego de la idealización sufrida por el cacique de Surimana que inclusive llegó al cine peruano, se puede afirmar que si bien la rebelión tuvo una gran envergadura y sus consecuencias fueron las más importantes de todos los levantamientos del penúltimo siglo colonial, lejos está Túpac Amaru II de ser un luchador social por su pueblo y precursor de la independencia bajo una conciencia nacionalista.

EL CAMBIO DINASTICO EN ESPAÑA

Hacia fines del siglo XVII, España, otrora primera potencia europea, se encontraba en un estado de decadencia, ejemplificada por el reinado de Carlos II, "El Hechizado" (1665-1700). El último de los Habsburgo españoles resultó un gobernante incapaz, permanentemente enfermizo y sin mayor autoridad sobre sus dominios.
Las riendas del gobierno se encontraban en las manos de la aristocracia terrateniente, los "Grandes", quienes dominaban el gobierno central a través de los diferentes consejos (Consejo de Castilla, de Indias, etc.), y a la vez controlaban enormes feudos en los que su autoridad era casi absoluta. A los privilegios aristocráticos se agregaban los de la Iglesia y las diversas órdenes religiosas, que controlaba gran cantidad de tierras y recursos.
La autoridad del monarca también estaba limitada en el resto de su dominio por los diversos fueros regionales (por ejemplo, los de Cataluña y Aragón), lo que redundaba en la incapacidad de la Corona para elevar los impuestos en ellos. Impedida de incrementar la carga tributaria sobre estos reinos, la Corona dependía de los recursos de Castilla y las Indias para cubrir sus gastos. Al estar la aristocracia y la Iglesia exentas de impuestos, la presión fiscal recaía sobre los campesinos castellanos, que con el paso de las décadas se empobrecían cada vez más. La situación era grave, dado que las constantes guerras en Europa representaban gastos enormes, absorbiendo los ingresos de la Corona. Para cubrir los apremiantes gastos militares la Corona recurría a un constante endeudamiento y a la devaluación de la moneda, acuñando crecientes cantidades de vellón (moneda de cobre) con la finalidad de reservar la plata para el pago de los acreedores reales. A las cargas fiscales del reino se agregaban las cargas señoriales y eclesiásticas sobre una agricultura en general atrasada. Esta situación devino en la pauperización del campesinado castellano, una masiva inmigración hacia las ciudades, hambruna y debacle demográfica.
La ruina de Castilla llevó a una creciente dependencia de los envíos de la plata de América, pero incluso éstos venían disminuyendo desde hacía varias décadas. Las razones eran el contrabando, una economía americana más diversificada, menos dependiente de las importaciones españolas, y los crecientes costos de la administración colonial. De igual modo, la economía castellana recibía cada vez menos beneficios del comercio con América, a pesar del monopolio oficial. Los productos exportados de la península a América eran principalmente agrícolas, pues la mayor parte de las manufacturas en las flotas y galeones (incluso los mismo barcos) de Indias venían de otros países europeos, principalmente Francia, pero también de Inglaterra y Holanda. Los mismos mercaderes andaluces se habían convertido en meros intermediarios entre los grandes comerciantes de Europa y sus clientes americanos.
La debacle alcanzó su punto más bajo entre 1680 y 1685. Hacia este último año se empiezan a percibir señales de recuperación. Finalmente, la Corona impuso una cierta estabilidad monetaria, volviendo a la acuñación de monedas de oro y plata. La población experimentó cierto repunte, lo mismo que la producción agrícola, mientras que las epidemias empezaban a ceder. Zonas periféricas del imperio como Cataluña y el País Vasco mostraban un gran dinamismo económico, pero aún así la situación seguía siendo crítica.
Carlos II no dejó descendencia, por lo que a su muerte en 1700 legó el trono a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, quien fue bien recibido por las Cortes de Castilla. Pero su sucesión al trono fue disputada por el archiduque Carlos de Austria, un Habsburgo quien no sólo tenía el apoyo de su país natal, sino también de Gran Bretaña, Holanda, Portugal y Saboya, naciones que recelaban que la sucesión de un Borbón en España, porque aumentaría el poderío francés, alterando el equilibrio de poder en Europa. Además, Carlos contaba con el apoyo de Cataluña, Aragón y Valencia, recelosas del autoritarismo Borbón, lo mismo que parte de la aristocracia castellana.
La disputa iniciaría la larga Guerra de Sucesión Española (1701-1713), que culminaría con el tratado de Utrecht (1713), por el cual las potencias europeas reconocieron los derechos de Felipe (ahora Felipe V) al trono de España a cambio de varias concesiones: En Europa, España debió ceder los Países Bajos, Nápoles, Cerdeña y Milán a Austria; Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña, y Sicilia a Saboya. En América, España se comprometió a no ceder ninguna colonia a Francia, y cedió la colonia de Sacramento, en el estuario del río de la Plata, a Portugal.
Más grave aún fue la ruptura del monopolio comercial español con sus colonias, al tener que ceder el asiento de esclavos durante treinta años, junto con el navío de permiso, el envío anual de un navío con 500 toneladas de mercancías. Además, con la cesión de la colonia de Sacramento a Portugal se abrió el camino para un contrabando masivo.
La guerra demostró la lealtad de las colonias americanas para con Felipe V, pues a pesar de la brillante oportunidad generada por el vacío de poder en la península, no hubo ninguna rebelión en las Indias. La razón de esta conducta se encuentra probablemente en los fuertes vínculos de la clase dirigente criolla con España y la carencia de una fuente de legitimidad alternativa a la figura del Rey. Sin embargo, el conflicto también trajo ciertas consecuencias indeseables para América. Con el pretexto de proteger el comercio español, se autorizó a los franceses a enviar barcos de guerra a las Indias, abriendo otra puerta al contrabando. En la práctica, los franceses llegaron a establecer un comercio directo con América en momentos en que las flotas y galeones se espaciaban cada vez más. Particularmente en el estrecho de Le Maire en el extremo meridional de América del Sur, el cual emplearon para comerciar directamente con el Pacífico.

LAS REFORMAS BORBONICAS REFORMAS COMERCIALES

Las reformas comerciales constituyen una de los más importantes del programa reformista borbónico. En este aspecto, la política de la Corona se basó en el mercantilismo francés, ejemplificado por el ministro de Luis XIV, Jean BaptisteColbert (1619-1683). El mercantilismo se basaba en la idea de que los metales preciosos son la base de la riqueza de una nación, por lo tanto debe hacerse todo lo posible para aumentarlos. Esto se traducía en medidas proteccionistas del comercio y la industria con la finalidad de obtener una balanza comercial favorable. Es decir, debían ingresar más metales (en la forma de moneda) de los que salían para pagar las importaciones.
El vínculo entre el mercantilismo francés del siglo XVII y el español del siglo XVIII está dado por la obra de Jerónimo de Ustáriz, "Theórica y práctica del comercio y de marina", publicada en 1724 y reeditada varias veces después. En esta se planteaba la protección de las manufacturas nacionales mediante altos aranceles, la eliminación de las aduanas internas y una activa política estatal a favor de la industria española, a través de la compra de armas, barcos y provisiones para el ejército y la marina. De esta manera, se vinculaba la recuperación económica con la expansión del poderío militar español.
Inspirada en los escritos de Campillo y Cossio ("Nuevo sistema de gobierno para la América"), España eliminó el sistema de flotas y galeones, que se había caracterizado por su ineficiencia y poca utilidad para los comerciantes americanos. Sin embargo, no abandonó el monopolio, pues América debía ser el gran mercado para las manufacturas españolas. Estas serían pagadas mediante unas remozadas agricultura y minería coloniales. Los indios serían importantes clientes en este sistema, incorporándolos de lleno al sistema de mercado, a través de una redistribución de la tierra.
Durante la primera mitad del siglo XVIII el comercio legal trasatlántico había languidecido a causa del contrabando y las concesiones hechas a Inglaterra en el tratado de Utrecht. Tras las reformas, el resultado de estas medidas fue el incremento masivo del comercio trasatlántico, en particular cuando el fin de la Guerra de Independencia con Estados Unidos (1783) trajo la paz con Inglaterra. Pronto las mercancías europeas invadieron los mercados americanos, causando las protestas de los tribunales del Consulado de Lima y México. La sobreoferta de manufacturas causó el desplome de los precios en América, reduciendo considerablemente los beneficios de estos grandes mercaderes. En cambio, resultaron beneficiados una nueva generación de comerciantes pequeños y medianos (en su mayoría nuevos inmigrantes españoles), dispuestos a trabajar con menores márgenes de ganancias. En cuanto a las regiones, los puertos venezolanos y los del río de la Plata lograron incrementar considerablemente su participación en el comercio trasatlántico.
Del lado americano el incremento de la producción de plata cubrió buena parte del incremento comercial, aunque su participación se redujo de un 75% a un 60%. El resto de las exportaciones a Europa estaba compuesto por productos agrícolas: índigo, cacao, tabaco, azúcar, en su mayor parte provenientes de la región del Caribe, lo que revelaba la creciente importancia de regiones antes consideradas marginales del imperio. Las plantaciones se vieron beneficiadas con las Reformas Borbónicas. El mejor ejemplo de ello es Cuba, donde la Corona favoreció la importación de esclavos africanos y harina barata de los Estados Unidos para incentivar la producción azucarera. Esta se vio favorecida por la Revolución de Santo Domingo en 1789, que sacó a esta isla francesa del negocio del azúcar. Además, Cuba producía tabaco, pero no en grandes plantaciones sino en propiedades más pequeñas. Para la década de 1790, la isla exportaba alrededor de 5 millones de pesos, creciendo hasta los 11 millones en la década siguiente. Un éxito similar se logró en Venezuela con la producción de cacao, aquí también sobre la base de la mano de obra esclava.
Sin embargo, el aumento de las exportaciones coloniales españolas se debe contrastar con las cifras de las colonias inglesas y francesas. Entre 1783 y 1787 los ingleses importaron productos de las Indias Occidentales (un puñado de islas en el Caribe) por un valor de alrededor de 17 millones de pesos anuales. Los franceses hacia 1789 importaban de Santo Domingo alrededor de 27 millones de pesos (30 millones según otras fuentes), en su mayor parte en azúcar, algodón y café. En contraposición, las cifras para toda la América Hispánica a comienzos de la década de 1790s (la mejor época del comercio trasatlántico) sólo llegaba a 34 millones de pesos. Esto da una medida de la persistente ineficiencia del gobierno español en América.
El notable incremento del tráfico trasatlántico a raíz del "Libre Comercio" redundó en mayores ingresos para la Corona, sin colmar las expectativas que en él se ponían. En particular, resultaba obvio el fracaso de las manufacturas españolas para sacar beneficios de las Américas. Las mercaderías españolas enviadas a América seguían siendo en su mayor parte productos agrícolas, mientras que las manufacturas (inclusive los barcos mercantes) seguían llegando de otros países europeos. Incluso parece que las manufacturas registradas como españolas (principalmente textiles) eran reexportaciones de manufacturas de otros países con una mínima reelaboración. De igual manera, el comercio seguía estando concentrado en Cádiz, pero dominado por casas comerciales extranjeras.

REFORMAS POLITICO-ADMINISTRATIVAS

La reforma de la administración colonial partió por el reordenamiento de las divisiones administrativas americanas. Ya se había dado un paso en esta dirección con la creación del virreinato de Nueva Granada (con capital en Bogotá), el cual fue luego abolido y reestablecido definitivamente en 1739. En 1776 se creó el virreinato del Río de la Plata (con capital en Buenos Aires) al cual se anexó el Alto Perú, pues se consideraba que las minas de plata de Potosí resultaban imprescindibles para asegurar la viabilidad económica del nuevo virreinato.
Sin embargo, el principal problema de la administración colonial era el control ejercido por las elites criollas sobre las instancias de poder locales. Ello había sido facilitado por las ventas de cargos (anuladas recién en 1750), pero no se limitaban a ellas. En territorios tan lejanos a España era inevitable que los funcionarios reales se vincularan a las sociedades locales a nivel económico e incluso, mediante matrimonios, a nivel personal. Ello formaba una comunidad de intereses entre ambos grupos, redundando en que la elite criolla era quien en la práctica controlaba el gobierno. La Corona se veía perjudicada por esta situación, pues al no poder hacer valer sus intereses en sus colonias, era constantemente defraudada, sus leyes no eran observadas, al mismo tiempo que el contrabando se incrementaba.
Para resolver esta situación, la Corona emprendió la reforma de la administración colonial, como requisito indispensable para las reformas económicas. El medio usado por Carlos III para llevar a la práctica los cambios administrativos fue la antigua visita general de los Habsburgo, resucitada para nuevos propósitos. Entre 1765 y 1771 José Gálvez, realizó la visita del virreinato de Nueva Granada con gran éxito, al punto que fue recompensado con el marquesado de Sonora. Posteriormente se emprenderían visitas en el virreinato del Perú (1776) y de Nueva Granada (1778).
Uno de los primeros frutos de las reformas administrativas fue la segregación de los criollos de los principales cargos de la administración colonial. Esta labor fue también realizada por José Gálvez, ahora secretario de Indias, de tal manera que la proporción de criollos en las audiencias se redujo de ser la mayoría a sólo entre un tercio y un cuarto. Al mismo tiempo, al haberse abolido las ventas de cargos se restableció la progresión en los nombramientos de oidores, los cuales pasaban de audiencias menores a cargos más importantes en las capitales virreinales como Lima y México, y de allí al Consejo de Indias, en España. De más está decir que esta marginación causó profunda desazón en los círculos criollos.
Paralelamente, se instituyeron nuevos cargos. Para reducir la omnipotencia de los virreyes se creó el puesto de Regente, encargado de asumir las funciones del virrey como presidente de la Audiencia. Un intento similar de nombrar un encargado de los aspectos económicos de los virreinatos no alcanzó el éxito esperado. Para ello se había creado el cargo de Superintendente de la Real Hacienda y una Junta Central de Hacienda, con lo que los virreyes veían reducida su jurisdicción a lo civil y militar. Sin embargo, la oposición fue demasiado grande y este cargo fue suprimido tras la muerte de su impulsor, el secretario de Indias José Galvez, en 1787.
Las reformas no se limitaron a los cargos más altos. Un problema de particular preocupación era el de los Corregidores. Los anteriores monarcas Borbones habían limitado e incluso reducido sus sueldos en la península y las Américas. Para compensar esta pérdida, en 1751 se legalizó el Repartimiento. Esta era una vieja costumbre de los corregidores de indios, hasta entonces practicada profusamente a pesar de su ilegalidad. Tenía dos formas, en la primera el corregidor repartía mercancías a los indios a su cargo, quienes debían aceptarlas obligatoriamente y pagarlas a precios elevados. En la segunda forma, los corregidores repartían dinero para luego recuperarlo en productos tales como la cochinilla o el índigo, lo que convertía a esta forma de repartimiento en una especie de crédito forzado. La primera estaba generalizada en los Andes, mientras que la segunda predominaba en la Nueva España.
Al autorizar los Repartimientos, la Corona se limitó a regular los precios de los bienes distribuidos, pero esta regulación no tuvo mayor éxito, dado que en el corto período de gobierno de los corregidores (generalmente cinco años) éstos debían recuperar la inversión hecha y pagar a las grandes casas comerciales de México y Lima, que eran las que los proveían de crédito y mercancías. El Repartimiento se convirtió en causa de profundo descontento entre las masas indígenas, sobre todo en los Andes.
Para implementar una solución final al problema de los corregidores, la Corona decidió trasplantar a Indias el sistema de Intendencias implementado en España. Ello causó gran polémica, pues se consideraba que si los indígenas se veían libres de los repartos dejarían de participar en la economía de mercado y se volcarían a la autosubsistencia, causando la ruina de los virreinatos. El primer paso hacia el cambio se dio con el establecimiento de la primera Intendencia en Cuba, de forma experimental en 1763. El siguiente paso no se daría hasta que José Galvez ocupó la secretaría de Indias (1775-1787). Gracias a su gestión, en 1782 se crearon 8 intendencias en el virreinato del Río de la Plata. En 1784 se crearon 4 más en el virreinato del Perú y en 1786, otras 12 en el de Nueva España. Además, se crearon 5 en Centroamérica, 3 en Cuba, 2 en Chile y 1 en Venezuela, pero no llegaron a implementarse en el virreinato de Nueva Granada.
Los intendentes concentraban una enorme autoridad en el plano local, a lo que se agregaba que sus jurisdicciones eran mucho más grandes que las de los corregidores, controlando las esferas judicial, económica e incluso religiosa. Para ayudarlos a gobernar existían subdelegados encargados de jurisdicciones más pequeñas. Los resultados obtenidos por los intendentes fueron exitosos hasta cierto punto, beneficiándose sobre todo las ciudades donde se asentaban. Sin embargo, el escaso tiempo en que pudieron desarrollar su actividad (pues la Independencia hispanoamericana estaba a la vuelta de la esquina) no permite hacer un juicio preciso sobre los resultados obtenidos.

REFORMAS MILITARES

Habiendo quedado patente la debilidad del imperio colonial español durante la guerra de los Siete Años, una de las primeras medidas tomadas por la Corona fue reforzar sus defensas. Se enviaron inspectores a Cuba y a México, al poco de terminar la guerra, con la finalidad de reorganizar las defensas y reclutar las tropas necesarias. En 1768 se emitieron las Ordenanzas Militares de Carlos III, que buscaron imbuir de un nuevo espíritu a las tropas hispanas. Para 1771 la situación había mejorado considerablemente, contándose en toda Hispanoamérica 42995 hombres en armas. Sin embargo, estos estaban repartidos de manera desigual, ya que se otorgó prioridad a la región del Caribe y a la del Río de la Plata, donde el peligro de un ataque inglés era mayor. Por esta razón, cuando hacia 1780 se desatan grandes rebeliones en los virreinatos del Perú y Nueva Granada, las fuerzas realistas estaban mal preparadas.
El considerable aumento de las tropas coloniales sólo pudo lograrse gracias al enrolamiento de la población local, incluyendo gran número de indígenas y mestizos en los virreinatos del Perú y Nueva España. En todos los casos fueron los criollos quienes más se beneficiaron de la expansión de las milicias, pues coparon la mayor parte de la oficialidad. Así, la carrera militar se convirtió progresivamente en un excelente medio para lograr ascendencia social, sobre todo en momentos en que los peninsulares ocupaban los altos cargos de la administración. De allí que no es de extrañar que los protagonistas de los movimientos emancipadores a comienzos del siglo XIX fuesen casi todos militares.
El refuerzo de las posiciones militares españolas en América rindió pronto sus frutos. En 1776 se logró conquistar Sacramento por tercera vez, gracias a una expedición militar proveniente de Buenos Aires. Esta conquista se convirtió en definitiva gracias al tratado de San Ildelfonso (1778). Similares resultados se obtuvieron durante la Guerra de Independencia estadounidense (1779-1783), cuando España y Francia intervinieron en favor de los rebeldes: desde Louisiana se organizó un ataque hacia la Florida, ocupando Pensacola. Y en Centroamérica se expulsó a los ingleses de la Costa de los Mosquitos, (aunque no pudo hacerse lo mismo en el caso de Belice). En el subsiguiente tratado de paz, España recuperó la Florida, lo que aunado a las expediciones hacia California y Texas, realizadas desde Nueva España, consolidaron las fronteras del imperio colonial español

LA EXPULSION DE LOS JESUITAS

Desde el gobierno de Fernando VI, e incluso antes, los jesuitas habían estado en el centro del debate entre regalistas (partidarios de la autoridad de la Corona sobre la Iglesia) y anti-regalistas (partidarios de la supremacía papal). A ello se agregaban los problemas generados por la guerra en Paraguay, a raíz del tratado de 1750. Y en general, los jesuitas no eran bien vistos por su notoria influencia en la corte, y por sus vínculos con Roma. Incluso se les atribuía un cierto carácter subversivo y regicida. En suma, su carácter independiente e internacional los hacía incompatibles con el ideal de absolutismo de los Borbones.
Razones similares habían llevado a la expulsión de la orden jesuita de Portugal (1759) y de Francia (1762). Pero lo que desencadenó su expulsión de España fue un motín en Madrid en 1766, del que se culpó a los jesuitas, desatándose una fiebre anti-jesuita. Al año siguiente, Carlos III decretó en secreto la expulsión de los jesuitas de España y América. Sus órdenes fueron acarreadas con desusada eficiencia y gran celeridad. Se embarcó a los miembros de la orden hacia Italia, y se expropiaron sus bienes y propiedades en favor de la Corona. Pero ni siquiera en Roma encontraría refugio la orden, pues el Papa Clemente XIV la suprimió en 1773. Sólo sería restaurada recién en 1813.
Esta medida no dejó de traer consecuencias para América. Buena parte de los miembros de la orden expulsados eran criollos con fuertes vínculos en sus regiones de origen, por lo que la medida causó gran descontento. Más aun, algunos de los expulsados desde el exilio se convertirían en activistas en contra del dominio español en América, como por ejemplo Juan Pablo Viscardo y Guzmán, quien escribió la conocida Carta a los Españoles Americanos (1792).

REFORMAS DE LA IGLESIA

La expulsión de los jesuitas fue sólo el primer paso para un programa más amplio de reformas de la Iglesia en América, por parte de los Borbones. La finalidad era reducir el poder de la Iglesia en América y liberar sus propiedades y bienes para beneficiar el resto de la economía.
La primera medida fue la expulsión de los jesuitas y la expropiación de sus tierras y censos. Para administrar estas adquisiciones crearon el Ramo de Temporalidades, institución encargada de vender por subasta las antiguas propiedades jesuitas. Las condiciones de venta resultaban sumamente atractivas para los compradores, pues los precios eran menores al valor real de las propiedades. Además, se concedían créditos para el pago a plazos. En cuanto a los censos, las rentas que antes le correspondían a la orden, pasaron a ser remitidas directamente a España.
El segundo paso consistió en la desamortización de censos y otras cargas eclesiásticas, es decir, liberaron la tierra de los pagos debidos a la Iglesia. A la vez, se buscó eliminar el régimen de "manos muertas" impuesto sobre ciertas tierras, que impedía su venta legal. No obstante, el inicio de la desamortización se dio en una fecha tardía: 1804. El ministro de Carlos IV, Godoy, decretó la medida intentando consolidar los juros emitidos por la Corona para la guerra con Inglaterra. Ello implicó el pago directo al Estado de todas las cargas eclesiásticas sobre la tierra, asumiendo éste el pago de los intereses sobre estos capitales. Por permitir liberar las propiedades rurales de los pesados vínculos eclesiásticos, esta medida tuvo gran popularidad en España, pero no tanto así en América, porque significó un drenado de importantes recursos hacia la península, sin mayor beneficio para la economía local. El tercer y último paso de las reformas de la Iglesia fue la supresión de la Inquisición. Igualmente, los bienes y censos de este tribunal fueron a beneficio de la Corona.
Por otro lado, la recaudación del diezmo pasó, por decreto real, a juntas controladas por funcionarios reales. En general, estas medidas más bien económicas estuvieron acompañadas por un ataque enfocado a los privilegios eclesiásticos. En 1795 se eliminó la inmunidad del clero ante los tribunales civiles para los delitos graves.
Este conjunto de medidas contra el poder de la Iglesia finalmente probó ser más bien contraproducente para los intereses de la Corona, porque socavó uno de los pilares de la autoridad real en España y América.